El Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos ha ejecutado 65.000 millones de pesos en programas que llegan a comunidades que el Estado nunca había atendido con estructura propia. Pero un fallo de la Corte Constitucional y un Congreso sin quórum amenazan con borrarlo todo antes de que termine el año.
Mary Rosio Leal Cortés, campesina que vive en El Tambo, Cauca. Trabaja el café junto a sus tres hermanas, todas cabeza de hogar, en una pequeña finca donde por décadas la maquinaria era un lujo inalcanzable. El año pasado recibieron un kit de equipos a través del proyecto Café Norte del Cauca. «Ahora sé que vamos a mejorar la calidad del café, ahorrar tiempo y mejorar nuestros ingresos», dijo. Una frase sencilla que carga décadas de espera y olvido institucional.
Su historia no es una anécdota más de vitrina institucional. Es el tipo de cambio concreto, modesto pero real y efectivo, que el Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos del Ministerio de Igualdad y Equidad ha intentado producir en tres años de gestión. Y es también el tipo de transformación que podría desaparecer en junio de 2026, cuando un fallo de la Corte Constitucional elimine del ordenamiento jurídico colombiano la ley que dio vida a esta cartera.
Una deuda que tiene nombre y apellido
Colombia es, en papel, uno de los países más biodiversos y multiculturales del mundo. En la práctica, esa diversidad ha coexistido históricamente con una desigualdad estructural que el propio Estado tardó décadas en reconocer formalmente. Los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el pueblo Rrom y el campesinado comparten, más allá de sus identidades particulares, una trayectoria común: la exclusión sistemática de las decisiones del Estado que afectan sus territorios y sus proyectos de vida.
Eso comenzó a cambiar, al menos en términos institucionales, con la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad en 2023 y, dentro de él, del Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos. Por primera vez en la historia del Estado colombiano, estas poblaciones tenían una estructura gubernamental pensada exclusivamente para atenderlas: cuatro direcciones especializadas para pueblos indígenas, comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras, pueblo Rrom y campesinado.
«Es un hito en la historia que en este gobierno tengamos direcciones exclusivamente con una misionalidad de atender a nuestras poblaciones», señaló Aura Benilda Tegre Cristancho, viceministra de Pueblos Étnicos y Campesinos, integrante de la comunidad indígena U’wa y una de las primeras mujeres de su pueblo en graduarse de una universidad colombiana. Su sola presencia al frente del viceministerio era ya una señal de algo que tardó mucho en ocurrir.
Las cifras que rodean a estas poblaciones ayudan a dimensionar el tamaño de la ardua tarea. Según datos del propio viceministerio, Colombia tiene alrededor de 115 pueblos indígenas reconocidos que representan aproximadamente 2 millones de personas. Las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras suman más de 5 millones. El campesinado, reconocido recientemente como sujeto de especial protección constitucional, agrupa a cerca de 8 millones de personas que se identifican como tal. El pueblo Rrom, el más pequeño de los grupos étnicos del país, está integrado por alrededor de 2.600 personas distribuidas en 13 kumpanyas (formas de organización social y comunitaria del pueblo Rrom) a lo largo del territorio nacional. En conjunto, estamos hablando de más de 15 millones de personas.
Lo que el Estado construyó desde adentro
El viceministerio organizó su trabajo alrededor de tres programas transversales. El primero, Tejiendo Sistemas Económicos Propios, apunta al fortalecimiento de las economías comunitarias: desde las 600 mujeres peinadoras asistidas en Chocó, Valle, Tolima, Meta, Risaralda y Quindío, que trabajan desde sus hogares haciendo trenzados con canecalón, hasta los proyectos productivos de artesanías y emprendimientos populares en Cali y Medellín, así como los kits cafeteros entregados a más de 10.750 familias en 32 municipios del Cauca.
«Estas mujeres son madres cabeza de hogar y del trenzado es lo que ellas aportan a sus hogares», explicó Claiser Johanna Cuero, directora para la igualdad de las comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras. La apuesta es simple pero políticamente significativa: en lugar de llevar plata, el Estado llevó insumos. Neveras para quienes fabricaban helados. Sillas y canecalón para peinadoras. Piedras y materiales para bisutería. Kits de maquinaria para caficultores. No asistencia genérica, sino respuesta a necesidades específicas que ya se conocían sobre el terreno.
El segundo programa, Cuidando la Vida en los Territorios, opera en un terreno más complejo: el de la protección comunitaria en zonas donde el conflicto armado ha dejado huellas profundas. Más de 480 integrantes de la Guardia Indígena fueron fortalecidos en 10 departamentos con kits de primeros auxilios, chalecos, bastones y capacitación. La Guardia Cimarrona recibió apoyo similar en 14 departamentos. En territorios donde la presencia del Estado ha sido históricamente precaria o directamente hostil, estas guardias son el primer y a veces único escudo de protección comunitaria. «Estamos llegando a territorios donde el conflicto armado es más fuerte y que ha dejado situaciones muy lamentables», reconoció Tegre Cristancho en entrevista para el podcast del ministerio.
El tercer programa, Reconociendo Saberes en la Diferencia, financia el diálogo intercultural, los encuentros territoriales y la construcción participativa de políticas públicas. Dentro de este marco se inscribe uno de los trabajos más ambiciosos del viceministerio: la formulación de la Política Pública para la Erradicación del Racismo y la Discriminación Racial, desarrollada con la Universidad Nacional sede Antioquia y construida desde los territorios, con encuentros que arrancaron en Cali, continuaron en San Andrés y han recorrido el país desde abril de 2025.
«Estamos hablando de un hito para Colombia, pero también de la materialización de algo más amplio: las reparaciones históricas, una conversación que ya se está dando en el ámbito global y regional», dijo Felipe Granja, líder de la construcción de esa política, cuya necesidad quedó subrayada cuando el Mecanismo Internacional de la ONU, tras visitar el país, reconoció formalmente la existencia del racismo estructural en Colombia.
En total, el viceministerio reporta haber ejecutado 65.000 millones de pesos a través de sus tres programas, beneficiando a más de 11.374 familias, sin contar el impacto sobre organizaciones y procesos comunitarios que rodean estos programas. Son cifras que el propio Gobierno presenta con orgullo, aunque el contexto fiscal del ministerio, que en algún momento registró los porcentajes de ejecución más bajos de toda la administración.
El campesino que no existía en la Constitución
Quizás el reconocimiento simbólicamente más potente de todo el proceso fue el del campesinado. Santiago Salinas, director para la igualdad y equidad de las comunidades campesinas, dependencia de este ministerio, lo explica con claridad: antes de este gobierno, la palabra «campesino» no aparecía en la Constitución como sujeto de derechos. Existían normas para el desarrollo rural, para productores agropecuarios, para quienes tenían tierra y medios para trabajarla. Pero el campesinado tradicional —los aparceros, los recolectores, jornaleros, quienes no son dueños de la tierra o lo son en cantidades insuficientes para producir— no tenía institucionalidad que lo representara.
«Ese campesinado, que no es lo mismo que un productor rural, fue el que fue reconocido por el gobierno nacional e incluido en una institucionalidad, en el Ministerio de Igualdad», señaló Salinas. El resultado fue la creación de la primera Dirección Orgánica dedicada exclusivamente al campesinado en la historia del Estado colombiano, y la formulación de la Política Pública para la Igualdad del Campesinado, contemplada en el Decreto 1004 de 2024 del Plan Nacional de Desarrollo, que busca impactar a cerca de 10 millones de personas.
La definición de quién es campesino que elaboró esa dirección desafía el estereotipo de la ruana y el sombrero. Es un sujeto intercultural: puede ser indígena, puede ser negro. Puede ser simplemente alguien con una relación especial con la tierra que se materializa en sus modos de vida y de producción agroalimentaria. Más de 15 millones de personas se reconocen con orígenes campesinos en Colombia, incluyendo a quienes ya viven en las ciudades, pero mantienen ese vínculo identitario con el campo. Y el pescador, la comunidad anfibia, también entra en esa categoría: no se llama campesino, pero todo lo que hace lo ubica dentro del sujeto de protección.
La Dirección también ha impulsado la actualización de las Zonas de Reserva Campesina en regiones como Catatumbo, Antioquia y Caquetá, y la formalización de los TECAM (territorios campesinos agroalimentarios) y ha capacitado a más de 200 líderes rurales a través de la Escuela Nacional Campesina. Son avances que, en el contexto de un país donde el conflicto armado sigue expulsando gente del campo, tienen una urgencia que va más allá de lo programático.
Hay un grupo cuya historia cabe en una cifra que sacude: 2.600 personas. Esa es la población del pueblo Rrom en Colombia, los gitanos, distribuidos en 13 kumpanyas a lo largo del territorio nacional. Es el grupo étnico más pequeño del país y, hasta la creación del Ministerio de Igualdad, también el más invisible y olvidado institucionalmente.
Por primera vez en la historia, el Estado colombiano realizó un proceso de caracterización juicioso del pueblo Rrom. Se logró identificar y mapear a las 13 kumpanyas en 10 ciudades, y se creó la primera Comisión de Mujeres Gitanas. «El pueblo Rrom ha sido un pueblo que ha tenido que recorrer caminos huyendo por el holocausto y la idea es que tengan un espacio aquí en Colombia donde se sientan importantes para nuestro gobierno», explicó la directora Cuero, quien asumió también la coordinación de esa dirección.
El viceministerio trabaja con el pueblo Rrom en tres frentes: fortalecimiento tecnológico de sus 13 kumpanyas, preservación del romaní (su lengua propia) a través de procesos de transmisión intergeneracional de saberes, y un proyecto conjunto con la Universidad Nacional para documentar y sistematizar esa cultura antes de que se diluya, pese a los intentos por mantenerla. Son iniciativas modestas en recursos, pero enormes en significado para una comunidad que durante siglos ha existido al margen de cualquier institucionalidad estatal.
El reloj corre y el Congreso no da quórum
Todo este andamiaje institucional tiene, desde mayo de 2024, un reloj encima. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-161 de 2024, declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad. El motivo fue un vicio de procedimiento insubsanable: el Congreso nunca realizó el análisis de impacto fiscal que exige la Ley 819 de 2003. La Corte no pudo echar atrás la norma de inmediato porque hacerlo habría generado una desarticulación institucional que afectaría directamente a las poblaciones de especial protección que el ministerio atiende. Por eso difirió los efectos de su fallo por dos legislaturas.
El plazo vence el 20 de julio de 2026. Si para esa fecha el Congreso no aprueba una nueva ley que corrija el vicio de trámite original, el ministerio deberá ser liquidado definitivamente.
El Gobierno actuó: en abril de 2025 radicó un nuevo proyecto de ley de 16 artículos, esta vez con el aval fiscal que le faltó al original. Las Comisiones Primeras Conjuntas aprobaron la ponencia positiva en diciembre de 2025 para dar inicio al debate. En febrero de 2026, el proyecto superó el tercer debate en el Senado. Solo faltaba la plenaria del Senado y luego la Cámara.
Pero el 6 de mayo de 2026, en una sesión convocada con mensaje de urgencia por el gobierno, la plenaria del Senado no pudo avanzar: no hubo quórum decisorio. La Cámara sí conformó el suyo, pero el Senado se mantuvo en estado deliberatorio durante toda la jornada. Las comisiones conjuntas retomaron el debate el 21 de mayo con nueva sesión urgente, pero el tiempo se acaba y la mayoría legislativa que en 2022 aprobó el ministerio ya no existe: el respaldo del Partido Liberal, el Conservador y de la U se ha ido desvaneciendo a medida que el gobierno de Petro pierde capital político en su recta final.
¿Qué pasa si desaparece?
La pregunta no es retórica. Si el Congreso no aprueba el proyecto de ley antes de que termine la legislatura 2025-2026, el ministerio y con él el viceministerio de pueblos étnicos y campesinos dejarán de existir jurídicamente. Las 13 kumpanyas Rrom que acaban de ser caracterizadas por primera vez perderían su interlocutor institucional. Las guardias indígenas fortalecidas en diez departamentos quedarían sin el respaldo estatal que acaba de empezar. Los procesos de construcción de la política contra el racismo, fraguados en encuentros territoriales en Cali, San Andrés y decenas de municipios más, quedarían en el limbo. Las mujeres peinadoras del Chocó, los caficultores del Cauca y los pescadores del Magdalena tendrían que buscar en qué ventanilla del Estado aparcar sus demandas.
No es que antes del Ministerio no existieran instituciones que, de alguna manera, tocaran estas poblaciones. Pero la diferencia es estructural: ninguna tenía la misión exclusiva, la especialización técnica ni el mandato político de atenderlas. La dispersión institucional previa era también una forma de invisibilidad.
Cuando decretó que la Ley que creaba el ministerio era inconstitucional, la Corte fue clara al aplazar su fallo: eliminar el ministerio de golpe «causaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública diseñada para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional». Esa evaluación sigue siendo válida. Lo que ha cambiado es que el margen de tiempo se agota.
Lo que se juega en junio
Hay una dimensión que va más allá del debate político inmediato. Colombia lleva décadas con una Constitución que reconoce que es un Estado Social de Derecho, y que reconoce su carácter pluriétnico y multicultural, pero sin la institucionalidad que haga real ese reconocimiento. El Ministerio de Igualdad, con todas sus imperfecciones y sus polémicos índices de ejecución en sus primeros meses, fue el intento más ambicioso hasta ahora de saldar esa deuda.
Los 65.000 millones ejecutados, las 11.374 familias beneficiadas, los 480 guardias indígenas fortalecidos, las 13 kumpanias Rrom caracterizadas, los 200 líderes campesinos formados: son números que en términos del presupuesto nacional son modestos, pero que en términos de presencia estatal en territorios históricamente abandonados representan algo cualitativamente nuevo.
La pregunta que queda en el aire es, mientras el Congreso debate sin quórum y el reloj avanza hacia julio, quién responde por esas poblaciones si la institucionalidad desaparece. El Estado colombiano tiene la costumbre de crear derechos en papel y luego no construir las estructuras que los hagan efectivos. Lo que el viceministerio de pueblos étnicos y campesinos logró, en tres años y con recursos limitados, fue empezar a hacer lo contrario: construir la estructura primero y, con ella, la posibilidad de que esos derechos dejen de ser solo palabras en una Constitución.
Mary Rosio Leal Cortés ya tiene su kit de maquinaria. Sus hermanas ya mejoraron la calidad del café que producen. Eso no va a desaparecer, aunque el ministerio se liquide en junio. Pero la pregunta es qué pasa con la siguiente Mary Rosio. Con la siguiente comunidad que necesita que el Estado llegue, no a decirle que tiene derechos, sino a garantizarle que pueda ejercerlos.