En Colombia, una persona LGBTIQ+ fue asesinada cada 55 horas durante 2024. Una persona con discapacidad tiene menos del 24% de probabilidad de conseguir empleo. El Viceministerio de las Diversidades es la primera estructura estatal pensada exclusivamente para responder a esas realidades. Y podría tener los días contados.
Hay una frase que se repite mucho en los documentos oficiales del Ministerio de Igualdad y que, por repetida, corre el riesgo de volverse ruido: «deuda histórica». Se usa para hablar de los pueblos indígenas, del campesinado, de las comunidades afro. Pero quizás en ningún otro caso esa deuda es tan concreta, tan medible en cuerpos y en puertas cerradas, como en el de las poblaciones que atiende el Viceministerio de las Diversidades: las personas LGBTIQ+ y las personas con discapacidad.
Dos poblaciones que, a primera vista, parecen no tener mucho en común. Pero en ambas persiste un mismo hecho estructural: el Estado colombiano tardó décadas en reconocer que también eran su responsabilidad.
El número que no debería existir
El informe anual de Caribe Afirmativo sobre derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Colombia registró 164 homicidios durante 2024. Una persona cada 55 horas. No es una cifra aislada: según la Red Sin Violencia LGBTIQ+, casi la mitad de todos los asesinatos de personas LGBTIQ+ documentados en América Latina y el Caribe ese mismo año ocurrieron en Colombia. 175 de 361 casos regionales. El país que más mata a su propia diversidad en toda la región.
“Bueno, esos temas son demasiado complicados, porque la verdad es que han fallecido bastante, las han matado, bueno, no sé, porque la verdad, a veces, me duele ver a una de mis compañeras, aunque no la conozco, pero como es de nuestro género, es muy complicado, creo que tienen que tener como más seguridad” señala Crayless Princess/Liberly princesa, una mujer trans Wayuu quien ha sido ella misma, víctima de violencias por su identidad de género.
“Me fui para Bogotá una vez, pasé también humillación, trabajé mal, me fui con un cachaco…. fui violentada hacia (sic) él, quería que yo firmara un contrato de seis meses y yo le dije que no podía porque fui, porque me habían recomendado por un mes a ver cómo me iba, y él me dijo que no y me amenazó de muerte, me puso una pistola y yo le dije que no, que yo me iba para La Guajira”.
Detrás de esas historias y esos números hay un patrón de impunidad que Caribe Afirmativo describió con precisión: el 86% de esos procesos judiciales siguen en etapa de indagación preliminar, sin avances reales. Las víctimas principales son hombres gais y mujeres trans, concentradas en Valle del Cauca y Antioquia. Las agresiones sexuales aumentaron un 67,2% frente al año anterior. Más de mil personas fueron víctimas de violencia digital. Y todo esto ocurre, según el mismo informe, en un contexto de «creciente proliferación de discursos de odio», un fenómeno que no es local, sino parte de una reorganización global de sectores antiderechos.
Frente a ese panorama, la pregunta no es si Colombia necesitaba una institucionalidad especializada para atender a la población LGBTIQ+. La pregunta es cómo tardó tanto en crearla.
Lo que el Viceministerio construyó
El Viceministerio de las Diversidades tiene dos direcciones que, aunque conviven bajo el mismo techo institucional, trabajan sobre realidades muy distintas: la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas LGBTIQ+ y la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa apuesta de unirlas bajo el concepto de «diversidades humanas» dice algo sobre cómo este gobierno entiende la exclusión: como un fenómeno estructural que atraviesa identidades, cuerpos y condiciones de vida distintos, pero que tiene raíces comunes en el desprecio institucional y social.
En el frente LGBTIQ+, el avance más significativo no es un programa, sino una arquitectura. En 2024 se aprobó el CONPES 4147, la primera política pública nacional con hoja de ruta específica para la garantía de derechos de esta población. No es un documento de intenciones: articula 161 acciones estratégicas, involucra a 49 entidades del Estado, proyecta diez años de ejecución y tiene una inversión estimada de 259.092 millones de pesos. Es, en términos de política pública, la apuesta más ambiciosa que el Estado colombiano ha hecho por esta población en su historia.
A ese marco se sumó, en 2025, el Decreto 1311, que creó el Sistema Nacional para la Garantía de Derechos LGBTIQ+. El sistema integra una Comisión Intersectorial, un Comité Técnico y un Observatorio de Derechos, diseñado para medir avances y monitorear el impacto real de la política. Y en 2026, la Directiva Presidencial 002 estableció directrices obligatorias para ministerios y entidades nacionales en materia de prevención y atención de violencias por prejuicio, delegando en el Ministerio de Igualdad la responsabilidad de liderar la transformación cultural necesaria.
En la práctica cotidiana, el programa Salvia Dignidad es la cara más visible de esa apuesta. Es la línea de atención a casos de violencia, prejuicio y discriminación por orientación sexual e identidad de género, y a la fecha ha acompañado a 306 personas en situaciones críticas. No es un número grande. Pero en un país donde el 86% de los crímenes contra personas LGBTIQ+ no avanzan en la justicia, tener siquiera una puerta institucional abierta para denunciar y recibir atención representa algo cualitativamente nuevo.
La dirección también financió 268 unidades productivas en alianza con el PNUD y el UNFPA —emprendimientos que para muchas personas representan su primera oportunidad de ingreso formal—, formó a 1.140 servidores públicos en enfoque de orientación sexual e identidad de género diversa, y construyó, junto con el ICETEX, el Fondo Edu-minigualdad, que ha invertido más de 8.000 millones de pesos para garantizar matrícula y sostenimiento de personas LGBTIQ+ y con discapacidad en educación superior.
El capacitismo que los datos confirman
La palabra «capacitismo» es el nombre de algo muy concreto: la creencia generalizada de que una persona con discapacidad no puede construir una vida plena en las mismas condiciones que cualquier otra. Y los datos colombianos son la mejor ilustración de cuánto daño hace esa creencia cuando el Estado la reproduce por omisión.
La directora de garantía de derechos para las personas con discapacidad, María Patricia Sarmiento nos recuerda que la primera deuda histórica con esta población es saber cómo está conformada. Estima que “más o menos son 3’250.000 personas con discapacidad en Colombia, pero esta cifra es un subregistro, ya que la Organización Mundial de la Salud –OMS- proyecta que en el mundo hay más del 17% de las personas que tienen algún tipo de discapacidad”.
Otra de las deudas tiene que ver con el acceso a oportunidades. Según cifras del DANE citadas por la Procuraduría General de la Nación en diciembre de 2024, apenas el 23,5% de las personas con discapacidad en Colombia tiene acceso al mercado laboral, frente al 66,4% de la población general. Sólo 17 de cada 100 logran llegar a la educación superior. En el sector público, la situación es aún más dramática: al corte de octubre de 2024, solo el 0,85% de los empleados de planta y el 0,41% de los contratistas del Estado pertenecen a esta población. El Banco Mundial estima que esa exclusión laboral le cuesta al país entre el 5,35% y el 6,97% del PIB anual.
Esa exclusión no se limita a las cifras, sino a las barreras cotidianas, físicas y sobre todo culturales, que enfrentan las personas con discapacidad. Así lo explica el médico caleño Juan Manuel Collazos quien recientemente fue elegido miembro del Consejo Nacional de Discapacidad y es estudiante de maestría en bioinformática “Opino que las mayores barreras son actitudinales Siempre menciono que si hay un edificio con escaleras, pero si hay alguien ahí dispuesto a ayudarme a subir, no hay ningún problema, pero si la gente no se dispone a aceptar las diferencias, nuestra sociedad se estanca.”
Frente a ese escenario, la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad trabaja en varios frentes simultáneos. El más estructural es la construcción del CONPES de Discapacidad, que ya reúne más de 120 acciones sectoriales concertadas y que busca, explícitamente, superar el enfoque asistencialista que ha dominado históricamente la atención a esta población para avanzar hacia una inclusión real, basada en autonomía y derechos.
En paralelo, el Decreto 0533 de 2024 estableció incentivos de hasta el 35% para empresas privadas que vinculen laboralmente a personas con discapacidad. El Curso de Valoración de Apoyos, avalado por el SENA, busca capacitar a 1.123 profesionales de personerías y comisarías en todo el país para implementar herramientas de autonomía jurídica que fomenten el ejercicio de la toma de decisiones por parte de las personas con discapacidad. Y a través de Fonigualdad se proyecta la entrega de cerca de mil dispositivos de apoyo —no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud— para personas en territorios priorizados: sillas, audífonos, bastones, elementos que el sistema de salud simplemente no cubre.
Un dato que no suele aparecer en los comunicados institucionales pero que vale la pena subrayar: la Ley 2289 de 2023 integró al INCI y al INSOR —el Instituto Nacional para Ciegos y el Instituto Nacional para Sordos— a la estructura del sector Igualdad y Equidad. Antes de eso, ambos institutos funcionaban en una especie de limbo institucional desconectado de las políticas poblacionales. Su articulación con el viceministerio es uno de esos avances silenciosos que no generan titular pero que cambian la lógica de atención desde adentro.
Dos mundos, una misma apuesta
Hay algo que resulta llamativo cuando se mira el Viceministerio de las Diversidades como conjunto: la decisión de reunir bajo una misma estructura a la población LGBTIQ+ y a las personas con discapacidad no es obvia ni autoevidente. Son realidades distintas, con demandas distintas, con violencias distintas. Un hombre gay que recibe amenazas de un grupo armado y una mujer sorda que no puede acceder a educación superior no comparten la misma opresión, aunque ambas sean víctimas de un Estado que durante décadas no las vio.
Lo que el viceministerio propone, en el fondo, es que el Estado aprenda a responder a la diversidad humana como categoría política, no solo como lista de grupos. Que la exclusión tenga siempre una dirección que la reciba, la procese y construya respuesta. Eso es lo que representa esta estructura: no soluciones perfectas —y sería deshonesto presentarlas como tales—, sino la existencia misma de un espacio institucional donde esas realidades son reconocidas como responsabilidad estatal.
El reto de medir el impacto es genuino. La propia dirección LGBTIQ+ lo reconoce: no existe un censo poblacional específico, y los estudios disponibles estiman que esta comunidad representa entre el 7% y el 10% de la población general, pero esa cifra no está verificada. Avanzar en cómo se cuentan y cómo se caracterizan las realidades socioeconómicas de esta población es, en palabras de sus propios funcionarios, una de las tareas pendientes más urgentes. Sin datos, no hay política pública posible.
Así lo corrobora Anyel Durán, directora para la Garantía de los derechos de la población LGBTIQ+ del Ministerio de Igualdad y Equidad: “…hay estudios sobre cuántas personas han venido asesinando en el país, pero digamos que una de las necesidades importantes que hay en estos momentos por subsanar es cómo nos contamos. Y digamos que contarnos también en términos socioeconómicos, pero también demostrar y presentar las realidades de violencia, de prejuicio, de estigma, y los desafíos por el acceso a derechos de personas LGBTIQ+.”
El mismo reloj, las mismas preguntas
El Viceministerio de las Diversidades enfrenta el mismo problema que el resto del Ministerio de Igualdad: la Corte Constitucional tumbó en mayo de 2024 la ley que le dio vida, y el plazo para que el Congreso apruebe una nueva norma vence el 20 de julio de 2026. A principios de mayo, una sesión convocada con mensaje de urgencia del Gobierno no logró quórum decisorio en el Senado. El proyecto lleva cuatro debates, le falta la plenaria del Senado y luego la Cámara, y el tiempo se acaba.
Lo que desaparecería con el ministerio no es una discusión burocrática. Es el CONPES 4147 sin entidad rectora. Es el Sistema Nacional LGBTIQ+ sin quién lo opere. Es Salvia Dignidad sin financiación ni estructura. Es el CONPES de Discapacidad a medio construir, guardado en un cajón hasta que algún gobierno futuro decida si le interesa retomarlo. Son los 1.140 servidores públicos formados en diversidad que vuelven a trabajar en instituciones sin referente técnico ni seguimiento.
El argumento de quienes se oponen al ministerio gira alrededor de la burocracia y el gasto: una institución costosa con bajos índices de ejecución inicial. Es un argumento que tiene algo de verdad —los primeros meses del ministerio fueron lentos en ejecución, y eso generó críticas legítimas— pero que ignora una pregunta más de fondo: si no es aquí, ¿dónde? ¿Cuál es la institución del Estado colombiano que, sin el Ministerio de Igualdad y Equidad, va a hacerse cargo de construir la política pública para erradicar la violencia por prejuicio contra personas LGBTIQ+? ¿Cuál va a coordinar la inclusión laboral de las personas con discapacidad entre 49 entidades? ¿Cuál va a operar Salvia Dignidad?
La respuesta honesta es que ninguna. No porque no existan otras entidades, sino porque ninguna tiene ese mandato específico, esa especialización técnica ni esa articulación interinstitucional que se tardó tres años en construir.
Colombia lleva décadas firmando convenciones internacionales que reconocen los derechos de las personas con discapacidad y comprometiéndose en foros globales a proteger a su población LGBTIQ+. Y lleva décadas sin la institucionalidad para hacer efectivo ese compromiso en los territorios. El Viceministerio de las Diversidades fue el primer intento serio de cerrar esa brecha.
Lo que el Viceministerio de las Diversidades representa no es la solución a esos problemas. Es, más modestamente pero no menos importante, la decisión del Estado de reconocer que esos problemas son suyos. Que no son anomalías sociales que se resuelven solas, sino consecuencias de décadas de omisión institucional que requieren respuesta pública, sostenida y especializada.
Si el Congreso no logra aprobar el proyecto de ley antes de que venza el plazo, esa decisión se revierte. No de golpe, no de manera dramática. Simplemente se diluye, se dispersa entre entidades que tienen otras prioridades y otras lógicas. Y las personas que dependen de esa institucionalidad vuelven, una vez más, a no tener una puerta específica donde tocar.
En un país donde existir como eres sigue siendo, para muchas personas, un acto de resistencia, esa puerta importa más de lo que parece.
