Un país para las juventudes
Dependiendo de dónde nazca un joven en Colombia, tiene mayores posibilidades de empuñar un fusil en contra de su voluntad que de aprender alguna ingeniería y soñar con recorrer el mundo. Según el género, una persona que esté entre los 14 y los 26 años tiene más o menos opciones de lograr una autonomía económica, llegar a un cargo dirigencial en una empresa o priorizar sus metas personales por encima de conformar una familia tradicional. Conforme sean sus gustos y pasiones, un adolescente colombiano puede ser visto como un diamante en bruto o como un problema que es necesario desechar de la sociedad.
El mundo y el país de hoy no están hechos a la medida de las expectativas de los jóvenes. Las condiciones están dadas para que los responsables de la sucesión generacional perpetúen, como lo ha planteado Arturo Escobar, un proceso histórico de “colonización, explotación y exclusión”, que ha reproducido por siglos “un sistema de dominación que ha relegado a amplios sectores de la población a la marginación económica y social”. Esa herencia de inequidad estructural que ha señalado el antropólogo colombiano sigue siendo notoria hasta nuestros días, dada la distribución desigual del ingreso y la riqueza que mantiene la brecha entre ricos y pobres.
Las cifras le dan mejor proporción a la problemática. Según las proyecciones del DANE, para el año 2024 Colombia tenía 12’631.422 personas entre los 14 y los 28 años, de las cuales 6’389.448 millones eran hombres jóvenes y 6’241.974 millones eran mujeres jóvenes. Tres cuartas partes del total residían en ciudades capitales, y el resto en centros poblados y áreas rurales dispersas. Sobre las barreras de acceso a derechos y segregación, la Encuesta de Calidad de Vida realizada en el año 2022 por la misma entidad, arrojó que el 47,8% de los jóvenes colombianos habían alcanzado la educación media y un 18% la educación secundaria. Aunque las mujeres tenían un mayor nivel de educación técnica o tecnológica y los hombres un mayor porcentaje de educación primaria y básica secundaria, la brecha de acceso más marcada estaba condicionada por el lugar de residencia: solo el 1% de las jóvenes de territorios rurales dispersos tenían educación superior, mientras que en zonas urbanas el porcentaje subía a 14%.
La encuesta también indagó las razones por las que los jóvenes no estudiaban. Las principales causas estaban condicionadas por el rol de proveedor y el rol de cuidadora que se les sigue asignando a los hombres y a las mujeres jóvenes desde edades tempranas. La “necesidad de trabajar” con un 29%, seguida por falta de dinero y los elevados costos con 24,3%, fueron las respuestas más comunes con las que ellos justificaron la deserción escolar. Mientras que en ellas sobresalió el embarazo o la carga de cuidado de otros menores u otras personas del hogar.
En el plano económico, para el trimestre enero-marzo del año 2024, la tasa de ocupación de personas jóvenes según el DANE se situó en el 43,9% y la tasa de desocupación en el 20%. Respecto a la informalidad, la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras jóvenes se ubicaba en la categoría de «obrero, empleado particular» (57%), seguido de los «trabajadores por cuenta propia» (31%). Si se analiza este rubor por sexo, históricamente las mujeres han tenido una tasa de desocupación más alta.
Los números validan el diagnóstico de Néstor García Canclini: «Como trabajadores, se les ofrece [a la juventud] integrarse a un mercado liberal más exigente en calificación técnica, flexible y por tanto inestable, cada vez con menos protección de derechos laborales y de salud, sin negociaciones colectivas ni sindicatos, donde deben buscar más educación para finalmente hallar menos oportunidades».
El profesor y teórico argentino ha planteado en su producción académica que la globalización no le ofrece a la juventud contemporánea otra cosa distinta que ser una gran masa de consumidores y de trabajadores a los que el mercado les exige cada vez mayor cualificación técnica. Como resultado, tenemos a la generación más cualificada de la historia y que, paradójicamente, es la que tal vez haya recibido la peor compensación por su preparación educativa.
Como el trabajo y la educación están intrínsecamente relacionados con el dinero y la capacidad adquisitiva, es importante señalar que, tomando las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, el DANE pudo encontrar que la incidencia de pobreza monetaria en personas jóvenes es mayor que el total nacional. La entidad concluyó además que la pobreza monetaria en la juventud está condicionada por factores sociodemográficos, geoespaciales, entre otros.
Hacerle barra a la inclusión
Muchos jóvenes marginalizados por su lugar de habitancia y por las condiciones materiales en las que crecieron, hacen parte de las barras de fútbol, organizaciones autogestionadas de muchachos y muchachas capaces de dar la vida por el equipo que agita sus pasiones, y que la sociedad, incitada por las narrativas que se reproducen en los medios de comunicación, ha señalado como “vagos sin oficio” que son el “cáncer del futbol”. El Ministerio de la Igualdad y la Equidad realizó un análisis de 1.585 noticias publicadas entre 2022 y 2023. De ellas, 1.390 se referían al fenómeno con las palabras “barra brava”, mientras que solo 195 noticias recurrían a las palabras “barrismo social”.
Luis Carlos Orozco de la barra Pasión Vallenata, participante del programa Barrismo Social del Minigualdad describe con total claridad el lugar que ocupan estas barras entre las juventudes: “Es muy importante, porque si todos sabemos, la barra es la tribu más grande que hay aquí en Colombia, que reúne todas las tribus urbanas del país Entonces los jóvenes suelen llegar al barrismo a expresarse su arte, su conocimiento y es muy importante escucharlos a ellos, aprovechar eso no dejarlos que se vayan por otro lado porque soy barra, yo voy a hacer otra cosa, sino que escuchar a esos jóvenes y aprovechar ese talento”.
Pero esa visión no es compartida por la sociedad. El prejuicio hacia las barras de futbol está ligado a las muertes que ha dejado una pasión desbordada; un fervor que, en lugar de ser escuchado e incluido por el Estado y sus instituciones, ha sido satanizado y criminalizado. Hasta el año 2023, según una sistematización hecha de las cifras de la Fiscalía, Medicina Legal y registros de medios de comunicación, 151 vidas se habían perdido en los últimos 12 años en hechos relacionados con hinchas de fútbol.
Más por obligación que por voluntad, lo trágico de las cifras obligó a que el Estado abordara la violencia en los estadios de futbol y fuera de ellos. Pero de un tiempo para acá, también las propias barras de futbol han cuestionado y problematizado la pérdida de amigas y hermanos en las carreteras, ese sino trágico de dolor y desesperanza. De ese acto de contrición es que surge el concepto y la materialización del barrismo social como alternativa de vivir la pasión futbolera desde la alegría, la cultura y el respeto por la vida.
El novedoso Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que fue creado en el gobierno saliente y que corre el riesgo de desaparecer, aprovechó su corta existencia para afrontar el problema basándose en la jurisprudencia del Estatuto del Aficionado al Fútbol en Colombia establecido en el Decreto 1007 de 2012 y en lo dicho por la Corte Constitucional en su Sentencia C-065/21, pero, sobre todo, diagnosticando el mal desde otra perspectiva que entiende el barrismo como “el lugar en donde se dan procesos identitarios y de reconocimiento a partir de celebraciones festivas y carnavaleras que les sirve como elementos de visibilización ciudadana y social”, tal y como lo definen Andrés Blanco, Juan Galeano y Harold Pardey en su libro La ciudad de los fanáticos.
Desde esta perspectiva, se puede reconocer que el barrismo también tiene un impacto positivo en sus nichos territoriales cada vez que de manera autónoma abren sus propios comedores comunitarios para proveer de alimentos y fortalecer el tejido social en territorios excluidos, como lo hicieron en 2021 las barras del “Barón Rojo Sur” y el “Frente Radical Verdiblanco” en Cali; o cuando gestan una escuela de artes marciales mixtas, como en 2019 lo hizo un sector de la “Guardia Albi Roja Sur” en la localidad bogotana de Bosa; o cuando materializan procesos artísticos, culturales y deportivos como los que desarrollan las barras en Medellín para promover la gestión consciente de las emociones, disminuir consumo de sustancias psicoactivas y erradicar las acciones violentas.
En lugar de apelar a los imaginarios negativos y a la sanción social que existe en torno al barrismo, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad se propuso fortalecer las iniciativas sociales, culturales y productivas propias del barrismo para hacer de este una fuerza social que aporte al mejoramiento de las condiciones de vida de sus integrantes y sus comunidades. Con el programa Aguante Popular por la Vida, en 20 ciudades del país, se caracterizaron 21.161 integrantes y 1.034 grupos barristas. Las muertes relacionadas con incidentes entre barras mermaron un 52% y hubo un incremento del 53% en actividades de barrismo social con impacto comunitario. Además, se entregaron kits de herramientas comunicativas, 40 organizaciones obtuvieron personería jurídica, recibieron kits de herramientas comunicación, y 30 ya hacen parte de proyectos de economía social y emprendimiento.
Cuidar vale
Las periferias rurales colombianas son territorios expulsores de jóvenes. Para alcanzar un mínimo de movilidad social, de acceso a la educación, de capital cultural, la juventud tiene que dejar parte de sus vínculos, de sus ritos cotidianos y de su espacio vital atrás. El territorio que les es dado incluye una dicotomía entre expectativas y oportunidades. Aunque en los confines remotos los medios digitales multipliquen el acceso a fuentes de conocimiento e información, los espacios de disertación, decisión política y disputa del poder siguen por fuera de quienes allí crecen. Las juventudes étnicas y rurales están expuestas a un consumo simbólico amplio, pero a un consumo material limitado porque no existen medios para la generación de ingresos.
Cada joven perdido por un territorio pudo haber sido quien lo problematizara y lo transformara. Esa pulsión colectiva y crítica es la razón por la que Arturo Escobar plantea que las juventudes juegan un papel fundamental en la defensa de sus territorios frente a amenazas y el deterioro. En un país donde el modelo económico nos ha hecho pensar que explotar es mucho más rentable que conservar, con el programa Jóvenes Guardianes de la Naturaleza se demostró que la protección ambiental puede permitirle a la juventud superar esas barreras materiales que la alejan de tener condiciones dignas de vida. La iniciativa del Ministerio de la Igualdad y la Equidad potenció el cuidado de los bienes comunes con formación educativa y la provisión de los medios necesarios para cristalizar proyectos de gestión de residuos, entre otros modelos de economía circular.
1.500 jóvenes lideran hoy 115 iniciativas socioambientales, agrupados en 100 organizaciones localizadas en municipios de departamentos periféricos como Cauca, Chocó y Nariño. Además de cuidar ríos, promover el reciclaje, proteger ecosistemas y forjar un liderazgo comunitario, se incentiva la permanencia en el territorio de esa parte fundamental de la población que le urge tener posibilidades mínimas de movilidad social.
Los proyectos están contextualizados según el territorio y las personas beneficiadas. Además del reciclar y rehusar los residuos, también incluye limpieza de manglares, reforestación e iniciativas agrícolas relacionadas por ejemplo con la pesca: “Cada uno de los territorios tienen unos contextos determinados. No podemos ir a hablar de cultivo de cacao en las juventudes de Bogotá. Ese era uno de los grandes problemas de la educación y de los proyectos que estaban enfocados anteriormente en otros gobiernos, y es que le llevaban a las juventudes algo que verdaderamente no les iba a beneficiar”, plantea Hosman Huertas Quiroga, uno de los subdirectores del viceministerio de las Juventudes que está adscrito al Ministerio de la Igualdad y la Equidad.
Objetivo militar
La incapacidad del Estado para ofrecerles una posibilidad de futuro es la principal razón por la que los jóvenes siguen siendo el combustible de la guerra y no de la paz que ansía el país. La dinámica de expansión y fragmentación de los grupos armados ilegales en el contexto actual del conflicto armado pone a los niños, niñas y adolescentes como carne de cañón de las diferentes gobernanzas armadas que existen hoy en el país.
La vinculación y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se redujo drásticamente durante el periodo que se negoció el Acuerdo de Paz con las FARC-EP (2012-2016), pero las falencias en la implementación de dicha negociación durante los dos periodos siguientes de gobierno provocaron un retroceso y un repunte de ese flagelo.
Según los registros de la Defensoría del Pueblo, entre enero y diciembre de 2025, los grupos armados reclutaron 386 niñas, niños y adolescentes; el 58% eran hombres y el 42% restante eran mujeres. Además del aumento con respecto al año 2024, de la más reciente cifra preocupa especialmente que, en el 52 % de los casos, la pertenencia étnica de la vida reclutada correspondía a algún pueblo indígena. El principal grupo que cometió este flagelo fue el Estado Mayor Central de las denominadas Disidencias FARC (42%), seguido del Ejército de Liberación Nacional (10,1%).
Las cifras de las organizaciones de derechos humanos son aún más escabrosas. La ONG Foro Humanitarias, que aglutina 42 organizaciones nacionales e internacionales, estimó que para el año 2024, al menos 1.748 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados, utilizados o vinculados a estructuras armadas no estatales. En su más reciente informe, la ONG concluyó que “no solo ha aumentado el número estimado de casos, sino que la situación se concentra en territorios donde el acceso humanitario es restringido y la capacidad estatal es limitada […] Existe un alto subreporte, combinación del miedo, la coerción, la naturalización y la falta de mecanismos concretos para afrontar el fenómeno. La falta de registros completos y el subregistro de casos suponen desafíos importantes para comprender la magnitud real del fenómeno y para implementar estrategias efectivas de prevención y protección”.
Por la forma como el Estado ha abordado su conflicto armado interno, suele presuponerse que la guerra se libra en campos y en selvas apartadas del país. Sin embargo, en las ciudades también se libra un conflicto, que muchas veces no es reconocido como tal, y en el que los grupos de crimen organizado también necesitan de niñas, niños y adolescentes para cometer violencia física y asesinatos, pero también para que desempeñen actividades delictivas como el tráfico de drogas y armas, la extorsión, la explotación en el trabajo doméstico, el rol de mensajeros y la explotación sexual comercial; tal vez la única diferencia entre el reclutamiento que ocurre en las zonas rurales y las ciudades es que las niñas, niños y adolescentes no necesariamente son separados de sus núcleos familiares.
A mediados del año pasado, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas alertó que las redes sociales se habían convertido en un nuevo vehículo de reclutamiento. En plataformas como TikTok y Facebook, señaló el organismo, integrantes de grupos armados interactuaron y enviaron mensajes a los menores: “Por medio de estos mensajes, les persuaden de las ventajas de unirse al grupo, y les informan sobre los detalles logísticos de su entrada a la organización. En algunas cuentas en redes, miembros de grupos armados hacen apología de guerra, normalizan la violencia y promueven tanto la entrada al grupo, como el trabajo en cultivos de uso ilícito o en otras actividades criminales o ilegales”.
En su informe publicado en 2024, la organización ACAPS, un consorcio de tres ONG internacionales, detalló cuáles son las consecuencias del reclutamiento e instrumentalización de los niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos de crimen organizado. Una de las principales secuelas son los graves traumas psicológicos que pueden manifestarse en forma de estrés postraumático, ansiedad, depresión, intentos de suicidio, entre otros trastornos psicológicos.
Las adolescencias reclutadas también están expuestas a lesiones físicas que pueden ser mortales; se ven obligadas a interrumpir de manera temprana su trayectoria educativa, el normal desarrollo de su interacción social y su crecimiento personal; y a menudo sufren discriminación cuando se reintegran a sus comunidades y a la misma sociedad. Para los pueblos étnicos en particular, el rapto de sus integrantes más jóvenes perturba las prácticas culturales tradicionales, debilita la identidad y la cohesión, lo que puede causar la pérdida de lenguas propias, costumbres y creencias espirituales.
El programa Jóvenes en Paz fue la principal ruta integral de atención para prevenir el reclutamiento. Esta iniciativa del Ministerio de la Igualdad y la Equidad impactó a 30.485 jóvenes en 73 municipios de 10 departamentos gracias a las transferencias monetarias condicionadas, de hasta 1 millón de pesos, que aliviaron cargas económicas inmediatas; a los procesos de salud integral, con énfasis en salud mental; y al acompañamiento psicosocial que resultó clave para sanar heridas de contextos difíciles.
Jóvenes en Paz fue uno de los pilares de la política Pública Nacional de Juventudes 2026–2036. Un documento en el que más de 12.000 jóvenes plasmaron desde sus voces, sus regiones, sus diferentes culturas y realidades, la visión del país que sueñan.
¿Y cuáles son esos sueños de las juventudes populares? Este testimonio de Daniela Martínez Chávez, participante del programa Jóvenes en Paz da algunas pistas: “A nivel educativo me permitieron terminar mi técnico en cocina del Sena y es algo que ha ayudado bastante para mí, ya que desde el momento en el que yo ingresé, me mentalicé y cambió mi vida completamente. ¿Es difícil ser mujer y una mujer joven en Colombia? Es muy difícil ya que hoy en día hay mucho machismo, hay mucha desigualdad por el hecho de ser mujer, de que nos creen incapaces de hacer muchas cosas, cuando somos capaces de hacer todo lo que nos proponemos. Soy una joven que me considero una líder en mi territorio, en mi ciudad, y quiero aportar mucho más a mi ciudad, verdaderamente”.
Después de muchos años, un organismo del Estado dejó de ver en la rebeldía juvenil un problema y quiso aprovechar su potencial para transformar el presente de Colombia. García Márquez le dijo a la juventud: “No esperen nada del siglo XXI, pues es el siglo XXI el que lo espera todo de ustedes”. ¿Qué podrá exigirles Colombia si desaparece el primer ministerio que realmente depositó su confianza en ellos y ellas?
