Año tras año, Colombia puntea en los escalafones mundiales de desigualdad. Los cálculos de Naciones Unidas nos posicionan como el tercer país más desigual del planeta. Para Oxfam, somos el cuarto Estado de Latinoamérica con mayor concentración de la riqueza: un millonario colombiano promedio necesitaría solo dos minutos para obtener lo que su compatriota promedio puede ganar después de trabajar todo un año.
Al parecer esas brechas las tenemos tan normalizadas, que las cifras, los porcentajes y los rankings ya no nos conmueven en nada. Quienes realmente se ven afectados por nuestro lugar en el mundo, y lo sufren todos los días en carne propia, son las poblaciones vulnerables que habitan territorios excluidos, y que tienen un mayor riesgo de sufrir una grave afectación para su vida, su salud, su integridad personal y su dignidad. Colombianos y colombianas que, por lo general, afrontan una triple afectación: viven en contextos de conflicto armado, de agudización de las consecuencias de la crisis climática y donde son evidentes las brechas de desigualdad.
Una de las dependencias del Ministerio de la Igualdad y la Equidad lleva ese nombre: Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos. Los cuales, según su viceministro (e) Santiago Salinas, son entendidos como aquellos lugares “donde se agrupan una serie de indicadores que dan cuenta del sufrimiento humano, que dan cuenta de la privación del agua, de la privación del alimento, de la garantía de los derechos fundamentales básicos. Esos son los territorios históricamente excluidos y que se han constituido por oposición al centro del país y las grandes ciudades”.
Si los y las que siempre estuvieron en el último lugar de la fila de las prioridades no pasan a ser el centro de atención del Estado, Colombia estará más cerca de ocupar el deshonroso primer lugar que de alejarse de las listas que nadie se enorgullece de liderar.
Mayores y en la calle
Son varios los grupos poblacionales que cumplen con los criterios especificados por Salinas. El primero de ellos son las personas en situación de calle, denominadas así desde una perspectiva que considera que su realidad no es inamovible y que puede cambiar.
Los censos del DANE hechos entre 2017 y 2021 contabilizaron 34.081 personas habitando las calles. Este tipo de personas vive en una pobreza extrema radical y marginal al mismo tiempo, que los ha llevado a desprenderse de su familia, sus amigos, su comunidad, y no tienen la manera de alimentarse, costearse un techo o acceder a cosas tan básicas como un baño privado. Del grueso de la sociedad, y de algunos funcionarios, ellas y ellos reciben un estigma que limita la problemática al consumo de drogas, dejando de lado situaciones complejas en torno a la salud y la integridad física.
Del censo hecho por el DANE, el 11% de las personas en situación de calle eran mayores, es decir, aquellas que están por encima de los 60 años, y que en Colombia representan más de 8 millones de la población. Por la manera en la que se ha asumido la vejez, algunas personas mayores sufren situaciones de abandono, maltrato, y la limitación de sus derechos, pues se les infantiliza y se les genera una dependencia que puede ser problemática para su salud y su bienestar.
“Vivir en la calle no es fácil, lo más difícil es el hambre, las lluvias, todo lo que uno tiene que pasar. Los maltratos también, porque nos ven feo, nos tratan feo. Entonces uno se siente mal, se siente menos que los demás y todo eso”, dice Desiré López, quien habita las calles de Maicao, en La Guajira. Ella tiene claro que la situación en la que debe enfrentar la vida es contraria a sus derechos: “Pienso que deberían ser igual para todos, porque todos somos seres humanos y no deberíamos nosotros estar pasando por este tipo de situación.”
De acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y junio de 2025 la entidad realizó 2.412 necropsias a personas mayores. De ellas encontraron que 358 casos (14,84%) tenían relación con un probable homicidio. Respecto a lesiones no fatales, registró un 43,2% de casos relacionados con violencia interpersonal y un 22,27% relacionados con violencia intrafamiliar.
La tendencia prevé que el país tendrá que ocuparse de más personas adultas en el futuro. Al igual que sucede en el mundo, las colombianas cada vez tienen menos hijos. En 2025, según el DANE, fueron 433.678 nacimientos, una reducción de 4,5% con respecto al 2024 y que nos posiciona en mínimos históricos. Las proyecciones además calculan que para 2050 la población de personas mayores va a representar casi el 40% del total de la población.
“Nosotros somos importantes porque nosotros tenemos la creencia, nosotros tenemos la sabiduría, nosotros tenemos la paciencia, por lo menos”, recuerda Cleofe Dulcina Benítez, de 89 años, participante de los programas de persona mayor del Ministerio, cuyos anhelos son tan esenciales como la vida misma: “Bueno, yo hoy en día como persona mayor, yo espero estar tranquila, estar bien atendida por mis hijos, no tener problemas en mi casa ni en ninguna parte.”
En su corto tiempo de funcionamiento, el Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos logró aprobar la política pública nacional de envejecimiento que responde a ese clamor lejano para muchas personas mayores y que involucra a 28 entidades estatales responsables de garantizar los derechos fundamentales a la salud, la generación de ingreso, y otros aspectos culturales o económicos de esta población. Ese plan de acción incluye, por primera vez, un capítulo étnico diferencial que fue construido con organizaciones e instancias indígenas.
Charlotte Schneider Callejas, directora para los derechos de las personas mayores, explicó que el Viceministerio en su conjunto también procuró apoyarse en las iniciativas privadas y sociales existentes:
“Históricamente, la atención de las personas mayores ha recaído más en organizaciones sociales de base o colectivos que buscan darles dignidad, atención o acompañamiento psicosocial, sociojurídico, desde la actividad física. Lo que buscamos con el fortalecimiento de las organizaciones es poder estimular sus procesos a través de la inyección de recursos, que les permita la sostenibilidad o les permita avanzar con acciones concretas y específicas para las personas mayores”.
Los que migran
Con el auge de los gobiernos que pregonan ideas ultraconservadoras y xenófobas, las personas migrantes se han convertido en un arma política que busca desviar la atención del verdadero origen de los problemas que sufren los países y sus democracias. Pese a ser una acción tan antigua y natural como el mismo ser humano, las personas extranjeras que abandonan su país para mejorar sus condiciones materiales de vida son recibidas con odio y aversión en los lugares de tránsito o en su destino final.
Su localización geográfica hace de Colombia un lugar de paso casi que obligado para personas de otros continentes que sueñan con llegar a Norteamérica. Las autoridades calculan que en la última década más de un millón de migrantes pasaron por nuestro país llevando a cuestas el sueño de atravesar el tapón del Darién y llegar a Estados Unidos. También somos un lugar de acogida: de los casi ocho millones de venezolanos que han abandonado su país desde 2014, casi tres millones (36%) residen en Colombia.
Charlotte Callejas, quien también es la directora del Viceministerio para la población migrante, aseguró que la propuesta novedosa del gobierno saliente en la materia es entender la movilidad humana como un fenómeno que puede dar un aporte significativo a las finanzas y el producto interno bruto del país: “Las personas migrantes, retornadas o refugiadas, incluyendo las comunidades de acogida, son personas que están en edad productiva, que movilizan a veces economías, oficios, labores que no necesariamente con otros segmentos de la población colombiana se pueden agenciar. Vemos la movilidad humana y la migración como una oportunidad y un derecho fundamental”.
Quienes migran, lo hacen a pesar de saber que corren el riesgo de ser discriminados por su nacionalidad o sus rasgos físicos, sufrir malos tratos, ser extorsionados o despojados de sus pertenencias, sobrevivir en condiciones de hacinamiento, sin garantías de higiene, privacidad, alimentación adecuada, acceso a salud, y ser víctimas de violencia sexual. En 2024, la Defensoría del Pueblo realizó 205 entrevistas aleatorias a migrantes que se encontraban en las Estaciones Temporales de Recepción Migratoria del Darién. 1 de cada 5 mujeres entrevistadas dijo haber sufrido violencia sexual y más del 50% de las personas consultadas dijeron conocer casos de violencia sexual hacia otras personas.
Las barreras que enfrentan los colombianos para acceder a la justicia y a otros servicios del Estado, son mucho más grandes para el migrante. Prueba de ello es que, en el mismo reporte de la Defensoría, el 88% de los implicados no denunció los delitos de los que fue víctima, y en el caso de los que sí denunciaron, el 84% no recibió ninguna información o respuesta sobre el avance de su queja o denuncia.
Para que la estancia o residencia del migrante sea mucho más digna, el Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos hizo los trámites necesarios ante la Cancillería y Migración Colombia para flexibilizar los mecanismos de regularización y así aumentar las posibilidades de que se materialicen otros derechos. Además, los Centros de Atención para la Población Migrante “Intégrate” pasaron de 11 a 20. El más reciente se inauguró en Leticia, capital del Amazonas, donde han llegado muchos migrantes africanos que provienen de Brasil y quieren llegar a Estados Unidos.
Los Intégrate hacen las veces de casas de acogida y oficina donde se pueden solicitar auxilios materiales o ayudas para acceder a algún derecho; también como espacios culturales, formativos y de entretenimiento. Más que una infraestructura burocrática centrada en la atención a los venezolanos, explicó Charlotte Callejas, -quien también tiene a su cargo la dirección (e) para las Personas Migrantes-, el Ministerio de la Igualdad hizo de estos espacios un lugar donde pudieran converger nacionalidades árabes, asiáticas, africanas, cubanos residentes y haitianos migrantes: “Además de la asesoría psicosocial, sociojurídica, la orientación general y la activación de rutas, fortalecimos las acciones colectivas, que los centros fueran una oportunidad para el encuentro de las diásporas, que pueda interlocutar la población migrante, refugiada, con población retornada, con comunidades de acogida, para también contribuir a la transformación sociocultural de las narrativas negativas y la xenofobia”.
Un país sin hambre
Debido a la falta de dinero y otros recursos, 28 de cada 100 hogares colombianos tuvieron dificultades para acceder a alimentos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida hecha por el DANE en 2022. Mientras que, en 5 de cada 100 hogares, al menos una persona tuvo hambre, no comió o se quedó sin comer durante todo un día por las mismas razones. Un informe más detallado del Programa Mundial de Alimentos publicado en 2024 concluyó que 13 millones de personas, un cuarto de toda la población, enfrentaban inseguridad alimentaria.
Si bien la organización internacional reconoció que la situación económica en el país mejoró desde 2022, también llamó la atención por la vulnerabilidad alimentaria en la que se encontraban muchos hogares que dependían de una sola fuente de ingresos. La incierta capacidad adquisitiva que condiciona aquello que podemos comer o no es una de las razones por las que el Programa identificó poca diversidad en la dieta de los colombianos, pues existen brechas para acceder a algunos alimentos y nutrientes que son claves en otras dimensiones del desarrollo humano como la salud, la educación y la productividad laboral.
Que los colombianos coman lo que pueden y no lo que necesitan se explica en parte por lo dependientes que somos de las importaciones para cubrir la demanda alimenticia. El país importa más del 80% de los granos que consumimos, pese a nuestra vocación agrícola y la potencialidad de nuestros pisos térmicos. Un análisis publicado por la revista especializada Nature Food reveló que Colombia solo es autosuficiente en 3 de los 7 grupos alimenticios esenciales.
El hambre en nuestro país está condicionada por el territorio y el sexo. Al compararlos con los hogares que tienen jefatura femenina, el Programa Mundial de Alimentos encontró que aquellos con jefatura masculina tienden a experimentar un 7% más de inseguridad alimentaria. Mientras que, en los paralelos hechos por el DANE, para 2024 la entidad halló una disminución de la prevalencia de la inseguridad alimentaria en cabeceras urbanas, pero un aumento en territorios rurales dispersos, los cuales pasaron de 31,2% a 34,2%.
Si el mundo no ha podido acabar con el ayuno obligado en décadas, un gobierno tampoco lo hará en cuatro años. Pero el programa Hambre Cero de la Subdirección de Superación de la Pobreza procuró dar pasos decisivos para su futura erradicación. Los lugares priorizados para la intervención fueron La Guajira, Chocó y Nariño, departamentos donde se concentra la hambruna en Colombia, además de los municipios antioqueños de Murindó y Vigía del Fuerte.
Adriana Piraquive responsable de dicha subdirección del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, detalló que su despacho entregó más de 5.000 canastas alimentarias de 53 kilogramos cada una, las cuales contienen alimentos perecederos y no perecederos; a las que suman otras 20.000 canastas entregadas a las familias afectadas por el frente frío que causó a principios de año estragos en el norte del país; además de unas más pequeñas de 7 kilogramos, apoyadas por el Programa Mundial de Alimentos y repartidas a personas víctimas del conflicto armado.
La entrega en especie se complementó con los 3 millones de raciones de comida caliente que se esperan proporcionar hasta el 31 de diciembre en 74 puntos de comida caliente habilitados por el Ministerio. Además, se financiaron infraestructuras agroalimentarias para la producción de cacao, coco y plátano en Tumaco, Timbiquí, Ocaña, Samaniego y Achí, municipio de la región de La Mojana donde se inauguró la primera procesadora de arroz pública administrada por mujeres.
El impacto no es suficiente ante una deuda tan grande, pero no es poco, y así lo refleja el testimonio de Aura María Barros, vocera de la Ranchería Maritmana del municipio de Uribia, la Guajira:
“Tenerlos hoy en territorio con este programa es gratificante. Un grano de arroz que llega a una comunidad significa una vida que estamos salvando, porque muy probablemente en todo lo que ustedes observan, ustedes dirán, aquí estamos solos, pero en cada espaciecito, de pronto de aquel lado, puede haber una casa que hoy no tenga ni siquiera una gota de agua, y no estamos tan distantes de la realidad del pueblo de Uribia. Entonces, el programa Hambre Cero ha llegado, hemos visto, no sólo en nuestro diario vivir, sino en todo…”
Un país sin sed
Muchos colombianos viven al borde de masas casi que inabarcables de agua, pero, si es que sale, no pueden tomarla después de abrir la llave en sus casas. La Contraloría estima que unos 5 millones de personas no acceden a agua potable, casi 13 millones no tienen alcantarillado y 190 municipios solo cuentan con agua 12 horas al día.
Aunque el recurso sobre, el país tiene sed. Por cada hogar urbano con acceso a acueducto hay ocho hogares rurales que no lo tienen. La brecha se profundiza cuanto más nos alejamos del centro del país: en el área rural de Chocó solo el 34 % de los hogares tiene acueducto (en el área urbana solo el 50 % lo tiene), en La Guajira baja al 11,9 % de los hogares rurales, en Vichada la cobertura rural de acueducto es de 11,2 %, y en Vaupés solo el 3,8 % de los hogares cuenta con acueducto.
Paradójicamente, los territorios con mayor riqueza hídrica, el Pacífico, el Gran Caribe y algunas zonas amazónicas, son lugares expuestos a la vulnerabilidad de la sed o al acceso de fuentes que les producen enfermedades, que en algunos casos son la principal razón de la mortalidad infantil.
Ante una cartografía de la sed tan sectorizada, cobra sentido el programa Agua es Vida, una iniciativa diseñada por el Viceministerio para repensar el acceso al agua potable como un derecho, mas no como un servicio con potencialidad de lucro. También para acompañar a los más de 33.000 acueductos comunitarios que de manera autogestionada surten a miles de familias en veredas y corregimientos, y a su vez ayudar a prevenir conflictos socioambientales provocados por multinacionales especializadas en el acaparamiento del agua, como Coca-Cola y EPM.
Cuidar a las que cuidan
Hasta hace poco tiempo, se decía que lo hacían por amor. Incluso ni ellas mismas habían reparado en que era un trabajo, como cualquier otro, sin remuneración. 17 millones de los 50 millones de personas que tiene Colombia requieren cuidados para su vida diaria, es decir, un 33%. Aproximadamente 7 millones de colombianas dedican todo su tiempo a esos cuidados: una de cada cuatro mujeres es una persona que desempeña una actividad imprescindible para la sostenibilidad de la vida humana o no humana: asistir a los niños, a los adolescentes, a las personas mayores, a las personas con discapacidad o alguna enfermedad, y también cuidar de los ríos, los mares, la naturaleza, los manglares.
Los cálculos del Ministerio de la Igualdad y la Equidad indican que las labores de cuidado no remunerado mueven $230,3 billones, lo que representa 19,6% del PIB. Al poco tiempo de iniciar el anterior gobierno, se creó en Colombia el Sistema Nacional de Cuidado para garantizarle el cuidado a quien lo requiriera, ofrecer condiciones dignas para quienes lo ejercen y reconocer los cuidados comunitarios que los grupos étnicos de nuestro país han ingeniado durante siglos.
“Comenzaron a difundir en nosotras qué era el sistema del cuidado, cosas que o sea nos pareció súper chévere y como que nosotras nos identificamos, nosotras somos cuidadoras, nosotras no nos reconocen, pero estamos aquí. Como dicen… estamos en la cocina haciendo el trabajo, haciendo la comida, pero se están comiendo la comida y no saben quién la está haciendo. Nosotras queremos visibilizarnos.” Cuenta Sirley Maturana, cuidadora y partera de la Asociación Red de Parteras de Quibdó, Asorediparquibdó.
Par responder a realidades como las de Sirley, gracias al documento CONPES de 2025, se destinaron más de 25 billones de pesos que financiaron 80 programas territoriales que involucraron a 33 entidades del gobierno. Con ese presupuesto se entregaron pensiones a las madres comunitarias, se hicieron inspecciones laborales en los hogares para verificar las condiciones de las trabajadoras domésticas, se inauguraron casas de la partería para que este oficio se hiciera en condiciones dignas, se otorgó una renta básica, se apoyaron ollas comunitarias, se redujeron las brechas educativas de las personas cuidadoras y aquellas que son cuidadas, y se crearon estrategias de sociedades del cuidado para concientizar y capacitar a los hombres en estas tareas, y así equilibrar la carga que el patriarcado y el machismo han sobrecargado en las mujeres.
Natalia Moreno Salazar, responsable de la subdirección de cuidado del Ministerio de Igualdad y la Equidad, señaló que uno de los principales hitos es que “por primera vez en la historia del mundo, llevamos a consulta previa nuestro Sistema Nacional de Cuidado con los pueblos indígenas. Hoy tenemos las casas del cuidado indígena, estamos dotando los resguardos, potenciando la guardia indígena, que es cuidadora del territorio, entre muchas otras cosas para reconocer estas visiones y cosmovisiones propias del territorio”.
La dignidad y la igualdad no se piden, se construyen, se defienden y se sostienen. Como lo recalcó Natalia, su mayor legado es que “nunca más el trabajo de las mujeres será invisibilizado, porque en el gobierno del cambio, el cuidado es un derecho, el cuidado es igualdad”.